Por Mario Almirón Secretario General SADOP Nación

Durante los 90 vivimos en nuestro país una etapa signada por la exclusión  social. El desempleo extendido, la pobreza, el hambre, la marginación, las personas sin techo, constituyeron a la exclusión como el mal social de esa época. El enfoque central de la cuestión social estuvo centrado en la situación de los más castigados por las políticas económicas. La lucha contra la exclusión consumió buena parte de la energía de las organizaciones solidarias del pueblo.

Es por ello lógico que las políticas públicas que surgieron como alternativa a esa dolorosa realidad, también hayan puesto el foco en los sectores más desprotegidos, buscando terminar con la exclusión. Mediante diversas acciones se fue avanzando en los últimos años en políticas de inclusión, que priorizaron “salir del infierno” de la pobreza y la miseria.

Reconociendo los innegables avances en esa dirección, cabe señalar que la lucha contra el desempleo y la pobreza no agotan la temática social. El sociólogo francés, Robert Castel, lo dice con mucha claridad: “El problema más  grave no es tal vez el de la desocupación. No lo digo por quitar dramatismo a la situación de millones de desocupados, sino para invitar a mirar, por encima del desempleo, la degradación de la condición de trabajo”

Dicho de otro modo: si se fragiliza a los trabajadores asalariados (el empleo clandestino o “en negro” es una de sus formas) ello también impacta en la exclusión social.

Desde nuestra perspectiva el nuevo escenario social nos exige proteger cada vez más al trabajo y a los trabajadores. Ello supone no solo garantizarles un empleo, sino condiciones de trabajo dignas y equitativas. Si muchos de los empleos son pobres o de baja calidad; si los ingresos de un número importante de trabajadores son insuficientes, debemos asumir que hay desafíos pendientes que nuestro país no puede postergar. En particular, la situación de los trabajadores no registrados, sin aportes jubilatorios ni de Obra Social, debe ser especialmente atendida, ya que se trata del caso más evidente de “fragilización” laboral.

2.    Los instrumentos para la protección

Sostenemos que la negociación colectiva es el mejor instrumento para mejorar de manera continua las Condiciones de Trabajo. Ello se verifica en los miles de acuerdos y convenios suscriptos en los últimos años y que han beneficiado a más de cuatro millones de trabajadores.

En el caso de los docentes, las leyes de Educación Nacional y de Financiamiento Educativo, han dado un marco favorable al desarrollo de las paritarias.

A días de una nueva convocatoria a la “Paritaria Federal Docente” cabe reflexionar sobre las condiciones previas para que esa paritaria -que fija el salario mínimo convencional para toda la actividad en todo el país- pueda ser escenario de acuerdos fructíferos.

Desde nuestro punto de vista es imprescindible corregir la inequidad que  supone el pago por parte de muchos trabajadores docentes del Impuesto a las Ganancias.

En primer lugar la ausencia de actualización del mínimo no imponible de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, y de las deducciones y escalas que se utilizan para realizar la tributación, hace que cada vez sean más los trabajadores que deben pagar este impuesto.

Si bien desde 2002 se observa un crecimiento del mínimo no imponible, cuando se lo compara con la evolución de los precios, es decir con la inflación, se constata un fuerte retraso desde el año 2007.

El mínimo no imponible se actualizó en una proporción menor al índice de  precios al  consumidor: mientras que los precios crecieron entre 2007 y 2012 un 273%, el mínimo no imponible apenas creció 174%.

Esta inequidad se hace más evidente en el caso de los docentes privados. Mientras los empleadores/propietarios de los institutos educativos privados están exentos del Impuesto a las Ganancias, los docentes que dependen de tales establecimientos están alcanzados por el Impuesto.

Es decir, quienes tienen verdaderas “ganancias” no pagan lo que  deberían y quienes cuentan con un sueldo para su subsistencia deben pagar el impuesto.

Si no se resuelve esta cuestión, los incrementos que se pacten se ven “licuados” por el Impuesto.

Reconocemos que el cobro de impuestos a los ingresos provenientes del trabajo no es solo una realidad en Argentina sino en muchos otros países. De hecho, la contribución impositiva por parte de las personas físicas en Argentina es inferior a la que se realiza en otros países de América Latina. Se trata de un  impuesto que, bien aplicado, es progresivo. Lo que sostenemos es que debería afectar únicamente a los trabajadores de más altos ingresos.

Sin embargo, este impuesto resulta inequitativo en el marco de un sistema tributario regresivo, basado fuertemente en la recaudación de un impuesto al valor agregado alto, y que exime del pago de impuestos a las transacciones y a la renta financiera.

Tampoco luce justo y equitativo ante la realidad de una economía informal estimada en un treinta por ciento del total de la actividad económica.

Sostenemos que los trabajadores docentes no deberían pagar Impuesto  a las Ganancias y sí deberían gravarse los altos ingresos de otros sectores de la economía hoy no alcanzados por este tributo.

Por otro lado, es necesario universalizar el cobro de las asignaciones familiares. Es absolutamente necesario que la Seguridad Social  de respuestas integrales a todos los trabajadores y no que se excluya a muchos de este beneficio, como hoy ocurre.

Tanto la reforma del esquema Tributario como la universalización de las asignaciones familiares son necesarias para mejorar el poder adquisitivo de los salarios docentes. Sin ellos, todo reajuste salarial, será parcial e insuficiente. Y no contribuirá a mejorar la calidad del empleo.

Además de ello es necesario que el salario docente recupere su poder adquisitivo y esté a tono con la responsabilidad e importancia de la tarea de educar. Debe incrementarse significativamente el poder adquisitivo del salario docente. Y deben preverse mecanismos de actualización para que la inflación no erosione el salario.

3.    A modo de conclusión

Frente a un mundo liberal que se derrumba cabe recordar nuestro pasado. En los 90 el neoliberalismo afectó gravemente a nuestra Patria. El ataque  conservador hizo que el debate fuese otro, sustancialmente distinto. Los  Sindicatos resistimos políticas generadas desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que agredieron los derechos de los trabajadores. La lucha allí fue contra Gobiernos que impulsaron rebajas en las remuneraciones; precarización laboral o directamente destrucción de puestos de trabajo. Lejos estamos de dichas circunstancias tan dolorosas. Por lo tanto, debemos templar los ánimos en esta hora tan importante de nuestra historia política y buscar con inteligencia respuestas concretas y ágiles. No alcanza  solo con señalar las injusticias sino que es crucial generar propuestas para superarlas. Las normas requieren actualizaciones cuando cambian las circunstancias objetivas en las que se aplican, a los efectos de evitar desequilibrios e inequidades sociales.

La educación es un instrumento clave para el desarrollo de un Proyecto  de País con Justicia Social. Sólo con maestras y profesores bien pagos,  seguros en sus cargos y formados profesionalmente podremos tener una educación de calidad para todos.

Ese es el desafío.